Después de los 'Papapeles de Panamá' en el 2016 todos pensábamos que se tomarían medidas. O sea, que se limitarían las posibilidades de operar a través de estos territorios. Pero la verdad es la contraria. Y más cuando entre quienes se benefician de todo ello hay políticos, es decir, aquellos que deberían regularlos o prohibirlos. Es imprescindible actuar por parte de los estados y que los gobiernos abran investigaciones que afecten a los beneficiarios de estas prácticas. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, tan rápido para según que cosas, ya está tardando en dar explicaciones sobre qué hará.
Y es que, aunque sean legales lo que no son seguro es legítimos, porque solo pueden beneficiarse de ellos los más poderosos. Y, lo que es peor, lo que dejan de tributar estos beneficiarios lo tenemos que poner el resto, como cuando sale uno de copas con un amigo que siempre se deja la cartera.
Un estudio reciente de Oxfam Intermón y otro del Observatorio de Responsabilidad Social lo denunciaban: lejos de reducirse, la inversión a través de paraísos fiscales crece. En un solo año se cuadruplicó la cantidad que las grandes empresas españolas dirigieron a esas jurisidicciones de baja y nula tributación.
¿Resultado? La carga fiscal de las familias se ha multiplicado mientras que la de las grandes compañías se ha reducido a la mitad en la última década. Y es que mientras sigan existiendo paraísos para unos, pocos, pero selectos; seguirá habiendo un infierno (al menos fiscal, pero también con menos recursos para inversiones públicas en beneficio de todos) para la gran mayoría.
