A la caza de beneficiarios de la amnistía fiscal

Lo dijimos cuando se aprobó en 2012. Nada peor para incentivar a los contribuyentes que cumplen que una amnistía fiscal. No solo fue un aval para los defraudadores sino un jarro de agua fría para los cumplidores.

La carta remitida a los 30.000 beneficiarios de la amnistía fiscal supone un intento de corrección de lo que en su día fue una chapuza. Los defraudadores que lavaron su dinero no solo no pagaron el 10% de peaje que se había previsto sino que tributaron apenas una media del 3%. Una vergüenza.

No sé si ahora se reparará o no el desaguisado, pero, aun estando totalmente en contra de la medida, hay que tener en cuenta que esta carta y las supuestas investigaciones que se puedan derivar de la misma rompen un compromiso. Quienes se acogieron a esta ventaja lo hicieron porque quedaban libres de futuras inspecciones por el patrimonio aflorado.

Seguro que cuentan con suficientes recursos para buenos abogados. No sería de extrañar que ganen el pleito y que la seguridad jurídica española quede (otra vez) tocada.

La amnistía de la vergüenza

Lo decíamos en su día: la amnistía fiscal no es solo un despropósito, sino una medida contraproducente y una señal perversa de cara a los defraudadores. Aún provoca más bochorno ver cómo se diseñó para limpiar el expediente de muchos vips por culpa de los cuales los demás pagamos mas.

Y ahora conocemos que de los 31.484 beneficiarios de esta medida de gracia, entre los que estaban desde el extesorero del PP, Luis Bárcenas hasta miembros de la familia del expresident de la Generalitat, Jordi Pujol; 705 (bueno,704 porque uno ya sabemos que es el exvicepresidente del Gobirerno Rodrigo Rato) son o han sido personas políticamente expuestas (presidentes, ministros, secretarios de Estado, altos funcionarios, militares, jueces, diplomáticos y otros).

También sabemos que 300 son investigados por indicios de blanqueo de capitales. Y es que, al aprovechar la amnistía quedan limpios de cara a posibles delitos fiscales (increíble, pero cierto), pero no para otros

¿En qué país vivimos? Personas que han gestionado dinero público y que nos han exigido a los demás pagar impuestos se han beneficiado de una medida de gracia aprobada por compañeros o colegas con la que pueden eludir responsabilidades pese a haber tributos. Eso sí que es retorcer la legalidad hasta desvirtuarla por completo. Ciertamente, en en 2012 no se amnistiaron posibles delitos fiscales sino a la propia vergüenza.

Una lista para 'listos'

Quizás en esta ocasión se la definitiva. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha asegurado que la lista de mosoros con la Administración tributaria se publicará antes de que acabe el año. Hace más de dos años que lo dice. La excusa es la protección de la intimidad, blindada en la actual ley general tributaria.

En todo caso, en Hacienda afirman que previamente remitirán cartas a los afectados con deudas de más de un un millón de euros a 31 de julio, para que aprovechen la última ocasión para regularizar su situación. Empieza a sonar como la amnistía fiscal que se puso en marcha en el 2012 y a la que se acogieron algunos políticos corruptos, entre otros personajes como la familia Pujol o el exgerente del PP, Luis Bárcenas. O como el trato especial dispensado a quienes constaban en la denominada lista Falciani. Lo que en principio se crea como una forma de estigmatizar al incumplidor con las obligaciones tributarias puede convertirse en un nuevo trato de favor a costa de quienes pagan religiosamente sus impuestos, en una nueva lista de los más 'listos'.  

A todos aquellos que no debemos nada o mucho menos menos de un millón de euros a Hacienda no nos dan tantas oportunidades ni nos tratan con tanto guante blanco. Pruebe si no a deber poco más de un euro a la Agencia Tributaria o a contabilizar de forma errónea unos ingresos. Las iras del fisco caerán sobre usted y, se lo aseguro, no tendrán con usted tantos miramientos.

32.000 personas declaran por primera vez tener bienes fuera

Ni 10, ni 20 sino 32.000 personas declararon por primera vez el año pasado tener bienes en otros países. Son datos procedentes del impreso 720. El primer ejercicio en el que fue obligatorio hacer esta declaración, en el 2013, tras la amnistía fiscal del ejercicio precedente, 134.310 contribuyentes la presentaron. Y el valor total de estos activos era de 88.865 millones de euros.

El año pasado fueron 53.170 los que presentaron este impreso, de los que 32.125 lo hicieron por primera vez. El valor de lo declarado por quienes se estrenaron con el impreso 720 asciende a 30.351 millones de euros.

En total, más de 100.000 millones de euros es el valor de bienes y derechos declarados en el exterior por primera vez desde que entró en vigor la nueva obligación de declaración, asegura la Agencia Tributaria.

Ofensiva contra los beneficiarios de la amnistía fiscal

¿Será verdad? Hacienda ha lanzado una ofensiva contra los beneficiarios de la amnistía fiscal del 2012. Eso es lo que ha dicho el director general de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez.

El alto responsable del fisco ha ofrecido datos para demostrar que los 31.484 contribuyentes que se acogieron a la regularización especial con la declaración tributaria especial (DTE) no se beneficiaron de una amnistía sino que están siendo investigados.

A partir de los datos recibidos, Hacienda ha abierto 357 expedientes de comprobación de los que ya se han cerrado 51 con el resultado de 12 millones de nuevos ingresos.

A su vez se han remitido al Servicio Ejecutivo de Prevención y Blanqueo de Capitales (Sepblac) 750 nombres de personas que presentaron la DTE que presentan indicios de haber podido cometer un delito de blanqueo de capitales.

También ha afirmado que el impreso 720 de declaración de bienes en el exterior del año pasado incluyen patrimonios por valor de 20.615 millones de euros, que se suman a los 88.000 aflorados en el 2013.

Todo ello se produce pocos días después de conocerse la lista Falciani, en la que se incluían más de 2.000 contribuyentes con fondos en la filial suiza del HSBC. Este escándalo ha llevado a reabrir la denuncia del sindicato de técnicos de Hacienda, Gestha, en la que afirmaba que las autoridades fiscales trataron con guante blanco a quienes salían en la lista que obtuvieron en el 2010.