Paraísos para unos, infiernos para otros

La última filtración masiva de información protagonizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) con los denominados 'Papeles del paraíso' o 'Paradise Papers' vuelve a poner sobre la mesa el problema de los territorios de baja o nula tributación.

Después de los 'Papapeles de Panamá' en el 2016 todos pensábamos que se tomarían medidas. O sea, que se limitarían las posibilidades de operar a través de estos territorios. Pero la verdad es la contraria. Y más cuando entre quienes se benefician de todo ello hay políticos, es decir, aquellos que deberían regularlos o prohibirlos. Es imprescindible actuar por parte de los estados y que los gobiernos abran investigaciones que afecten a los beneficiarios de estas prácticas. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, tan rápido para según que cosas, ya está tardando en dar explicaciones sobre qué hará.

Y es que, aunque sean legales lo que no son seguro es legítimos, porque solo pueden beneficiarse de ellos los más poderosos. Y, lo que es peor, lo que dejan de tributar estos beneficiarios lo tenemos que poner el resto, como cuando sale uno de copas con un amigo que siempre se deja la cartera.

Un estudio reciente de Oxfam Intermón y otro del Observatorio de Responsabilidad Social lo denunciaban: lejos de reducirse, la inversión a través de paraísos fiscales crece. En un solo año se cuadruplicó la cantidad que las grandes empresas españolas dirigieron a esas jurisidicciones de baja y nula tributación.

¿Resultado? La carga fiscal de las familias se ha multiplicado mientras que la de las grandes compañías se ha reducido a la mitad en la última década. Y es que mientras sigan existiendo paraísos para unos, pocos, pero selectos; seguirá habiendo un infierno (al menos fiscal, pero también con menos recursos para inversiones públicas en beneficio de todos) para la gran mayoría. 

Montoro se pasa de frenada... ¿o no?

En un contexto en el que priman más las emociones que la racionalidad solo faltaba que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, recurriera a la amenaza sobre las consecuencias de pagar impuestos como el IRPF o el IVA no a la Agencia Tributaria estatal si no a la catalana. Y lo ha hecho.

Que yo sepa, la Agència Tributària de Catalunya (ATC) ha empezado a gestionar todos los impuestos cedidos y propios, como anunció hace meses. No los otros. Es algo que hacen desde hace años otras autonomías menos soberanistas gobernadas por el PP y que los gobiernos de la antigua CiU prefirieron subcontratar a los registradores de la propiedad y a la Hacienda estatal (mejor recibir el dinero que dar la cara ante los ciudadanos para recaudarlo, pensaron. Sus socios de ERC se lo han reprochado muchas veces).

Es verdad que los pasos que da la Generalitat tienen algo de provocación, de insinuación ("estamos preparados para lo que venga", "seremos capaces de gestionar todo tipo de tributos") en un contexto de amagos y anuncios que no se consuman del todo; pero no han cruzado aún ninguna línea roja en materia tributaria, al menos que yo sepa.

De todas formas, es verdad que hay muchas incógnitas sobre las consecuencias en materia tributaria de una secesión exprés como la que pretende el actual Ejecutivo catalán. Si Carles Puigdemont proclama la república catalana en función de los resultados del reférendum del 1 de octubre (1-O) -- si es que este llega a llevarse a cabo-- ¿dónde tendrán que pagar TODOS los impuestos los catalanes?

Los actuales responsables de la Hacienda catalana han asegurado muchas veces que, en ningún caso, colocarán a sus conciudadanos ante esa disyuntiva. No hay que olvidar que, al final, el responsable, del impago es el contribuyente, sea particular o empresa. ¿Es que han cambiado de opinión? ¿Es que están dispuestos a cargar con las culpas administrativas e incluso penales de sus contribuyentes?

Algo está claro, el propio Consell Assessor per al a Transició Nacional (CATN) admitía en uno de sus informes que con una secesión sin acuerdo, Catalunya requeriría unos 5.000 millones de euros mensuales (incluyendo pensiones).

Los mismos estudios estiman que con la misma presión fiscal que en la actualidad, el nuevo estado dispondría de entre 40.000 o 50.000 millones anuales, el doble que los que se obtienen en el marco legal actual.

Pero eso sería en el caso de que desde el primer minuto todo el mundo tributara ciegamente al nuevo estado en una situación con dos marcos jurídicos: uno de un país reconocido internacionalmente (España); y otro autoproclamado independiente y a la espera de ser reconocido por el resto (Catalunya).

Este segundo paso, el de ser reconocido internacionalmente, no es solo esencial para que los ciudadanos tengan cobertura jurídica sino para las empresas, en especial las multinacionales. Por todo ello, me parece que Montoro se ha pasado de frenada ¿O es que ve muchas posibilidades de que todo esto suceda? Veremos.

IRPF,¿dónde está la bolita?

Del no al sí. De lo imposible a lo factible ¿Dónde está la bolita? o, dicho de otro modo, ¿dónde está el truco? Fue no solo el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro --en horas bajas tras ser reprobado por la inconstitucionalidad de la amnistía fiscal-- sino el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el que negó que se pudiera bajar el impuesto sobre la renta (IRPF) el año que viene.

¿Qué ha cambiado, por mucho que se necesite el apoyo de Ciudadanos, que exigía la rebaja del tributo; para que ahora se pueda reducir el gravamen para las rentas bajas y aumentar algunas deducciones? Poco. El PP ha tropezado con la su falta de mayoría y ha tenido que adelantar uno de los caramelos que se reservaba para cuando hubiera unas elecciones generales más cercanas. Lo que hizo en el 2015, básicamente.

Ahora resulta que se puede rebajar sin problemas el impuesto en 2.000 millones de euros, que apenas suponen el 2,7% de lo que recauda el impuesto. Mucho dinero para el margen de maniobra que permite el techo de gasto que presentó Montoro, pero a la vez calderilla para los bolsillos de los beneficiarios. No se hagan ilusiones.

Todo ello no hace más que demostrar que las previsiones que presenta el Gobierno tienen no solo doble fondo sino triple o cuádruple. O sea, y en resumen, que plantea un escenario macroeconómico en función de sus necesidades. No tardará, de hecho, en revisar de nuevo al alza el crecimiento del PIB para que las cuentas le cuadren. Si no, al tiempo. Mucho cálculo, pero no contable sino electoral.

Así será el estriptís de las multinacionales ante Hacienda

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado cómo será el nuevo impreso para que las multinacionales realicen su estriptís ante Hacienda.

Se trata de una medida destinada a conocer la actividad y negocio real de estas grandes compañías por países. Muchas de ellas, como Google o Apple, declaran beneficios mínimos, por ejemplo en España.
En estos impresos, que estarán obligadas a rellenar las compañías con unas ventas anuales superiores a los 750 millones de euros, deberán detallar su actividad para que las autoridades tributarias conozcan mejor su nivel real de negocio.

Esta es una medida de las recomendadas por la OCDE para combatir la elusión fiscal de las multinacionales.

España fue uno de los primeros países en asumir esta recomendación incluida en el catálogo de 15 acciones acordadas en el seno de la OCDE, que agrupa a los 34 países más industrializados del mundo. Es una forma de determinar si se desvían beneficios a jurisdicciones con una tributación más baja o nula, es decir, paraísos fiscales.

Teniendo en cuenta la capacidad que tienen estas compañías de trasladar sus rendimientos y beneficios de un lugar a otro permítanme que sea algo escéptico. En todo caso, esta iniciativa será efectiva en la medida en que la mayoría de los países la cumplan. Si no será más bien papel mojado.

En unos meses veremos si la supuesta voluntad de combatir la elusión fiscal de las multinacionales es real o no es que un brindis al sol como la promesa de refundar el capitalismo que proclamó Nicolas Sarkozy, cuando era el presidente de Francia, tras estallar la crisis en 2008. 

A la caza de beneficiarios de la amnistía fiscal

Lo dijimos cuando se aprobó en 2012. Nada peor para incentivar a los contribuyentes que cumplen que una amnistía fiscal. No solo fue un aval para los defraudadores sino un jarro de agua fría para los cumplidores.

La carta remitida a los 30.000 beneficiarios de la amnistía fiscal supone un intento de corrección de lo que en su día fue una chapuza. Los defraudadores que lavaron su dinero no solo no pagaron el 10% de peaje que se había previsto sino que tributaron apenas una media del 3%. Una vergüenza.

No sé si ahora se reparará o no el desaguisado, pero, aun estando totalmente en contra de la medida, hay que tener en cuenta que esta carta y las supuestas investigaciones que se puedan derivar de la misma rompen un compromiso. Quienes se acogieron a esta ventaja lo hicieron porque quedaban libres de futuras inspecciones por el patrimonio aflorado.

Seguro que cuentan con suficientes recursos para buenos abogados. No sería de extrañar que ganen el pleito y que la seguridad jurídica española quede (otra vez) tocada.

Oxfam promueve 'Zonas Libres de Paraísos Fiscales'

Los paraísos fiscales existen, como demuestran grandes escándalos como 'Panama Leaks' o 'Swissleaks'. Y con el objetivo de penalizar a quienes se aprovechan de estos territorios de baja o nula tributación, Oxfam Intermón ha lanzado la campaña 'Zonas Libres de Paraísos Fiscales' (ZLPF).

La idea es conseguir que los ayuntamientos y diputaciones incorporen en sus políticas de contratación pública criterios que incentiven el comportamiento fiscal responsable.

Hasta la fecha, un total de 25 municipios han aprobado mociones para ser ZLPF. Barcelona, Sevilla, Zaragoza, Murcia y Madrid han marcado el inicio de la campaña a través de la cual se llevarán a cabo actos reivindicativos en 20 ciudades hasta el 3 de noviembre.

El Ayuntamiento de Barcelona es el que más ha avanzado en esta línea, tras aprobar el pasado 19 de mayo un decreto que permite no contratar proveedores que desvíen beneficios hacia paraísos fiscales.

Y los municipios no son los únicos implicados. Comunidades como Navarra, Catalunya, Aragón y Castilla-La Mancha se han sumado a la iniciativa mediante mociones.

Según los datos de Oxfam Intermón, la invesión española en paraísos fiscales ha crecido en un 205% en menos de un año. Todas las empresas del Ibex-35 tienen alguna filial en alguno de estos territorios. Supone la cuarta parte de la inversión española en el exterior.

El informe 'Beneficios para quién? de Oxfam revela que en el 2014, las empresas del principal indicador bursátil español tenían 891 filiales en paraísos fiscales.

La operación de imagen de los 500 euros

Existen medidas drásticas y medidas ligeras. El anuncio del Banco Central Europeo (BCE) sobre los billetes de 500 euros se sitúa entre ambos extremos, si no en el más suave.

Si el objetivo es combatir el fraude, la evasión fiscal o el crimen organizado y estos billetes son considerados los mejores colaboradores, hay formas más efectivas de proceder.

Una de ellas, por ejemplo, sería anunciar una fecha de retirada y de curso legal de los mismos. De esta forma se forzaría a quienes los poseen a entregarlos para cambiarlos por billetes más pequeños. Eso sí, con identificación previa. Si no, estaríamos ante otra forma de amnistía fiscal.

Lo que ha decidido el BCE, probablemente forzado por algunos países, no acabará con el problema. Eso casi seguro. Y, en cualquier caso, a los amantes del dinero negro siempre les quedarán los billetes de 200 euros, los segundo en mayor valor facial y que, por cierto, son de color amarillo, para quien no lo sepa ¿El efecto secundario para el defraudador? Que para ocultar el dinero se requerirá en torno al doble de espacio. Y poco más.