Que yo sepa, la Agència Tributària de Catalunya (ATC) ha empezado a gestionar todos los impuestos cedidos y propios, como anunció hace meses. No los otros. Es algo que hacen desde hace años otras autonomías menos soberanistas gobernadas por el PP y que los gobiernos de la antigua CiU prefirieron subcontratar a los registradores de la propiedad y a la Hacienda estatal (mejor recibir el dinero que dar la cara ante los ciudadanos para recaudarlo, pensaron. Sus socios de ERC se lo han reprochado muchas veces).
Es verdad que los pasos que da la Generalitat tienen algo de provocación, de insinuación ("estamos preparados para lo que venga", "seremos capaces de gestionar todo tipo de tributos") en un contexto de amagos y anuncios que no se consuman del todo; pero no han cruzado aún ninguna línea roja en materia tributaria, al menos que yo sepa.
De todas formas, es verdad que hay muchas incógnitas sobre las consecuencias en materia tributaria de una secesión exprés como la que pretende el actual Ejecutivo catalán. Si Carles Puigdemont proclama la república catalana en función de los resultados del reférendum del 1 de octubre (1-O) -- si es que este llega a llevarse a cabo-- ¿dónde tendrán que pagar TODOS los impuestos los catalanes?
Los actuales responsables de la Hacienda catalana han asegurado muchas veces que, en ningún caso, colocarán a sus conciudadanos ante esa disyuntiva. No hay que olvidar que, al final, el responsable, del impago es el contribuyente, sea particular o empresa. ¿Es que han cambiado de opinión? ¿Es que están dispuestos a cargar con las culpas administrativas e incluso penales de sus contribuyentes?
Algo está claro, el propio Consell Assessor per al a Transició Nacional (CATN) admitía en uno de sus informes que con una secesión sin acuerdo, Catalunya requeriría unos 5.000 millones de euros mensuales (incluyendo pensiones).
Los mismos estudios estiman que con la misma presión fiscal que en la actualidad, el nuevo estado dispondría de entre 40.000 o 50.000 millones anuales, el doble que los que se obtienen en el marco legal actual.
Pero eso sería en el caso de que desde el primer minuto todo el mundo tributara ciegamente al nuevo estado en una situación con dos marcos jurídicos: uno de un país reconocido internacionalmente (España); y otro autoproclamado independiente y a la espera de ser reconocido por el resto (Catalunya).
Este segundo paso, el de ser reconocido internacionalmente, no es solo esencial para que los ciudadanos tengan cobertura jurídica sino para las empresas, en especial las multinacionales. Por todo ello, me parece que Montoro se ha pasado de frenada ¿O es que ve muchas posibilidades de que todo esto suceda? Veremos.
