Paraísos para unos, infiernos para otros

La última filtración masiva de información protagonizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) con los denominados 'Papeles del paraíso' o 'Paradise Papers' vuelve a poner sobre la mesa el problema de los territorios de baja o nula tributación.

Después de los 'Papapeles de Panamá' en el 2016 todos pensábamos que se tomarían medidas. O sea, que se limitarían las posibilidades de operar a través de estos territorios. Pero la verdad es la contraria. Y más cuando entre quienes se benefician de todo ello hay políticos, es decir, aquellos que deberían regularlos o prohibirlos. Es imprescindible actuar por parte de los estados y que los gobiernos abran investigaciones que afecten a los beneficiarios de estas prácticas. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, tan rápido para según que cosas, ya está tardando en dar explicaciones sobre qué hará.

Y es que, aunque sean legales lo que no son seguro es legítimos, porque solo pueden beneficiarse de ellos los más poderosos. Y, lo que es peor, lo que dejan de tributar estos beneficiarios lo tenemos que poner el resto, como cuando sale uno de copas con un amigo que siempre se deja la cartera.

Un estudio reciente de Oxfam Intermón y otro del Observatorio de Responsabilidad Social lo denunciaban: lejos de reducirse, la inversión a través de paraísos fiscales crece. En un solo año se cuadruplicó la cantidad que las grandes empresas españolas dirigieron a esas jurisidicciones de baja y nula tributación.

¿Resultado? La carga fiscal de las familias se ha multiplicado mientras que la de las grandes compañías se ha reducido a la mitad en la última década. Y es que mientras sigan existiendo paraísos para unos, pocos, pero selectos; seguirá habiendo un infierno (al menos fiscal, pero también con menos recursos para inversiones públicas en beneficio de todos) para la gran mayoría. 

Montoro se pasa de frenada... ¿o no?

En un contexto en el que priman más las emociones que la racionalidad solo faltaba que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, recurriera a la amenaza sobre las consecuencias de pagar impuestos como el IRPF o el IVA no a la Agencia Tributaria estatal si no a la catalana. Y lo ha hecho.

Que yo sepa, la Agència Tributària de Catalunya (ATC) ha empezado a gestionar todos los impuestos cedidos y propios, como anunció hace meses. No los otros. Es algo que hacen desde hace años otras autonomías menos soberanistas gobernadas por el PP y que los gobiernos de la antigua CiU prefirieron subcontratar a los registradores de la propiedad y a la Hacienda estatal (mejor recibir el dinero que dar la cara ante los ciudadanos para recaudarlo, pensaron. Sus socios de ERC se lo han reprochado muchas veces).

Es verdad que los pasos que da la Generalitat tienen algo de provocación, de insinuación ("estamos preparados para lo que venga", "seremos capaces de gestionar todo tipo de tributos") en un contexto de amagos y anuncios que no se consuman del todo; pero no han cruzado aún ninguna línea roja en materia tributaria, al menos que yo sepa.

De todas formas, es verdad que hay muchas incógnitas sobre las consecuencias en materia tributaria de una secesión exprés como la que pretende el actual Ejecutivo catalán. Si Carles Puigdemont proclama la república catalana en función de los resultados del reférendum del 1 de octubre (1-O) -- si es que este llega a llevarse a cabo-- ¿dónde tendrán que pagar TODOS los impuestos los catalanes?

Los actuales responsables de la Hacienda catalana han asegurado muchas veces que, en ningún caso, colocarán a sus conciudadanos ante esa disyuntiva. No hay que olvidar que, al final, el responsable, del impago es el contribuyente, sea particular o empresa. ¿Es que han cambiado de opinión? ¿Es que están dispuestos a cargar con las culpas administrativas e incluso penales de sus contribuyentes?

Algo está claro, el propio Consell Assessor per al a Transició Nacional (CATN) admitía en uno de sus informes que con una secesión sin acuerdo, Catalunya requeriría unos 5.000 millones de euros mensuales (incluyendo pensiones).

Los mismos estudios estiman que con la misma presión fiscal que en la actualidad, el nuevo estado dispondría de entre 40.000 o 50.000 millones anuales, el doble que los que se obtienen en el marco legal actual.

Pero eso sería en el caso de que desde el primer minuto todo el mundo tributara ciegamente al nuevo estado en una situación con dos marcos jurídicos: uno de un país reconocido internacionalmente (España); y otro autoproclamado independiente y a la espera de ser reconocido por el resto (Catalunya).

Este segundo paso, el de ser reconocido internacionalmente, no es solo esencial para que los ciudadanos tengan cobertura jurídica sino para las empresas, en especial las multinacionales. Por todo ello, me parece que Montoro se ha pasado de frenada ¿O es que ve muchas posibilidades de que todo esto suceda? Veremos.

IRPF,¿dónde está la bolita?

Del no al sí. De lo imposible a lo factible ¿Dónde está la bolita? o, dicho de otro modo, ¿dónde está el truco? Fue no solo el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro --en horas bajas tras ser reprobado por la inconstitucionalidad de la amnistía fiscal-- sino el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el que negó que se pudiera bajar el impuesto sobre la renta (IRPF) el año que viene.

¿Qué ha cambiado, por mucho que se necesite el apoyo de Ciudadanos, que exigía la rebaja del tributo; para que ahora se pueda reducir el gravamen para las rentas bajas y aumentar algunas deducciones? Poco. El PP ha tropezado con la su falta de mayoría y ha tenido que adelantar uno de los caramelos que se reservaba para cuando hubiera unas elecciones generales más cercanas. Lo que hizo en el 2015, básicamente.

Ahora resulta que se puede rebajar sin problemas el impuesto en 2.000 millones de euros, que apenas suponen el 2,7% de lo que recauda el impuesto. Mucho dinero para el margen de maniobra que permite el techo de gasto que presentó Montoro, pero a la vez calderilla para los bolsillos de los beneficiarios. No se hagan ilusiones.

Todo ello no hace más que demostrar que las previsiones que presenta el Gobierno tienen no solo doble fondo sino triple o cuádruple. O sea, y en resumen, que plantea un escenario macroeconómico en función de sus necesidades. No tardará, de hecho, en revisar de nuevo al alza el crecimiento del PIB para que las cuentas le cuadren. Si no, al tiempo. Mucho cálculo, pero no contable sino electoral.