La idea es conseguir que los ayuntamientos y diputaciones incorporen en sus políticas de contratación pública criterios que incentiven el comportamiento fiscal responsable.
Hasta la fecha, un total de 25 municipios han aprobado mociones para ser ZLPF. Barcelona, Sevilla, Zaragoza, Murcia y Madrid han marcado el inicio de la campaña a través de la cual se llevarán a cabo actos reivindicativos en 20 ciudades hasta el 3 de noviembre.
El Ayuntamiento de Barcelona es el que más ha avanzado en esta línea, tras aprobar el pasado 19 de mayo un decreto que permite no contratar proveedores que desvíen beneficios hacia paraísos fiscales.
Y los municipios no son los únicos implicados. Comunidades como Navarra, Catalunya, Aragón y Castilla-La Mancha se han sumado a la iniciativa mediante mociones.
Según los datos de Oxfam Intermón, la invesión española en paraísos fiscales ha crecido en un 205% en menos de un año. Todas las empresas del Ibex-35 tienen alguna filial en alguno de estos territorios. Supone la cuarta parte de la inversión española en el exterior.
El informe 'Beneficios para quién? de Oxfam revela que en el 2014, las empresas del principal indicador bursátil español tenían 891 filiales en paraísos fiscales.
