Y los hay que no lo son, como el denominado impuesto municipal de plusvalías, que se paga al vender un inmueble. Como dice su nombre, impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU), el gravamen recae sobre el aumento de valor del suelo desde que que adquirió el inmueble hasta que se vende. El problema es la desconexión existente entre el valor real de mercado y el fijado con criterios meramente administrativos.
¿El resultado? Que tras un periodo de dura crisis en el que la vivienda ha perdido hasta más del 50% de su precio, cuando esta se vende, puede darse el caso que se haga con minusvalías (pérdidas), pero que haya que pagar al ayuntamiento por el gravamen de plusvalías. En resumen, tributar por un supuesto beneficio del que en realidad no se ha disfrutado. Un dislate.
Y no es una escena de una película de los Hermanos Marx. Es únicamente el resultado de un método de cálculo de valor administrativo hecho de espaldas a la realidad y los vaivenes del mercado, como, por desgracia, se hacen muchas normas y leyes en este país. Ya se ha producido muchas sentencias favorables a afectados, pero hay que recurrir a los tribunales para que a uno le den la razón. Y me pregunto, con tales precedentes ¿no bastaría para reformar esta legislación a todas luces incoherente e injusta?
